El día de ayer se aprobó la Ley Nacional N° 26.378, a través de la cual se adhiere a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, que fueron aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.

El Tratado tiene el objetivo de “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las Personas con Discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.

Se insta a los Estados que adhiere a la Convención a adoptar “medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”.

Cabe destacar que toda Convención se encuentra por encima del resto de las leyes y tiene rango constitucional. Toda ley contraria a lo que establece una Convención Internacional es incompatible y deberá ser modificada o derogada.